lunes, 12 de noviembre de 2007

Sistema Judicial e Internet en El Salvador


Internet es una gran herramienta y la administración pública puede aprovecharla para estar las 24 horas al servicio de la ciudadanía, no basta sólo con dar a conocer en los sitios Web la función o misión de determinada entidad pública, ni algunas cuantas normas que rigen su competencia, que no está mal, aunque poco sirve leer las “preguntas frecuentes” por ejemplo; es tiempo que la mayoría de procedimientos estatales se puedan hacer en línea, reduciendo así la burocracia que caracteriza a algunas instituciones y el margen de corrupción que pueda tentar a más de alguno. No es tarea fácil, pero no por eso habrá que retrasar su implementación, mediante una política gubernamental inmediata y una regulación normativa eficaz que le corresponde a la Asamblea Legislativa, como el tema de la protección de datos y los delitos informáticos. Peligros hay muchos, pero soluciones también, lo que ya ha permitido a algunas entidades estatales y privadas ofrecer servicios en línea, aunque mejor lo han hecho estas últimas, ya que sus fines son la ganancia económica que se logra con un buen servicio. Los servicios públicos también deberían de tener esa visión empresarial hacia la personas, porque ellas son el origen y fin de la actividad del Estado (Art. 1 Cn). Una de las tareas más importantes de la administración pública es la del Órgano Judicial, que se encarga, por lo menos en teoría, de dar a cada quien lo que le corresponda, es decir, de impartir justicia. Los abogados sabemos que los juicios pueden durar meses y hasta años, porque se siguen aplicando procedimientos obsoletos, manuales y burocráticos, ya que los jueces carecen de capacitaciones y herramientas nuevas que mejoren la tarea de impartir justicia.
Por ejemplo, todavía no se usa el Correo Electrónico para notificaciones judiciales ni administrativas válidas por falta de voluntad y de visión. ¿Cómo nos explicamos entonces que los bancos financieros, cuyas operaciones en línea deben de ser completamente seguras para evitar que algún delincuente informático transfiera dinero ilegalmente, lo hayan hecho, si no pueden darse el lujo de cometer errores?, ¿Porqué entonces la administración pública, donde no siempre está en juego dinero, como una notificación judicial, no lo haya empezado a hacer?, ¿falta de presupuesto?, quizá, pero es necesario tomar en serio ya la cuestión de modernización del sistema judicial..
Lo cierto es que bien puede el sistema judicial salvadoreño crear una base de datos donde los demandantes, los demandados, los jueces, los fiscales, defensores, los peritos y los testigos estén registrados y se les asigne una cuenta electrónica donde puedan recibir las notificaciones o cualquier llamamiento judicial a efecto de que se presente ante juez competente, o revisar el estado en que se encuentra los juicios, las fechas de las audiencias, etc. Cada cuenta deberá de estar encriptada para evitar accesos indebidos o equivocaciones procesales. La encriptación lo conforman un par de llaves o contraseñas, una pública y una privada, que asegura que quien reciba la notificación o envíe información o respuesta, es la persona previamente inscrita en el banco de datos, lo cual validaría los procedimientos judiciales sin que después se pueda alegar nulidad por falta de notificación. Todo esta tarea se reduce a una frase: automatización del sistema legal salvadoreño.
Con un sistema legal automatizado en El Salvador, la duración de procesos judiciales se reduciría enormemente, logrando de verdad impartir justicia en un tiempo razonable, evitando retrasos injustificados, reduciendo así la mora procesal. Igual sucedería en otras instancia públicas.
Para terminar, es bueno mencionar que en Latinoamérica, Brasil es un país muy avanzado en cuestiones de informática jurídica, que cuenta con programas informáticos que calculan indemnizaciones por daños y perjuicios o que ayudan al juzgador a tomar decisiones jurídicas, basándose en casos anteriores similares, que están ordenados sistemáticamente en bases de datos judiciales, seguras y confidenciales.
Las leyes salvadoreñas caminan detrás de las tecnologías de la información, hagamos que las alcancen y las aprovechen en beneficio de todos y todas, las generaciones futuras nos lo agradecerán.
Por Boris Solórzano, Presidente de INDATA.-
Publicado originalmente en mayo de 2005

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