sábado, 23 de octubre de 2010

Postura de INDATA: "Empresarios: genera confianza omitir declaración de bienes". EDH 23.10.2010

Ganar 75 mil dólares anuales en El Salvador será motivo para no presentar la declaración patrimonial al Ministerio de Hacienda, si el Presidente de la República, Mauricio Funes, no veta el decreto legislativo que eliminó dicho requisito.

"Obviamente, eso tiene que llegar al presidente y esperaríamos que el presidente le dé su visto bueno a la brevedad posible", señaló el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Daboub, en referencia a una posible sanción del mandatario al decreto que elimina ese requisito, publica El Diario de Hoy del 23.10.2010.

No hacerlo dicen los empresarios de la ANEP, pondría en peligro a los contribuyentes y generaría un desincentivo en la inversión local y extranjera. Claro, ¿quién no se incentiva si no da cuenta de sus ganancias a nadie?.

Consideraron que la reforma, al artículo 91 del Código Tributario, salvaguarda a los contribuyentes de posibles secuestros y otros delitos cometidos por el crimen organizado.

"Para el riesgo que se corre en este país en donde hay una delincuencia enorme y en donde no hay mecanismos de control sobre esa información (financiera), este es un paso trascendental importante y que esperamos que se mantenga de esa forma", aseveró Daboub.

Por el contrario, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, lamentó que los diputados revirtieran la reforma hecha en diciembre al Código Tributario y dijo que pedirá al presidente que vete el decreto legislativo aprobado el jueves por la oposición.

"Como ministro de Hacienda quisiera lamentar la triste decisión que hiciera la Asamblea Legislativa el día de ayer (jueves), en el sentido de eliminar del programa de reformas fiscales la declaración patrimonial para personas naturales que tienen rentas altas y que tienen bienes también de alto valor", dijo Cáceres ayer, en Casa Presidencial.

El funcionario señaló que con la reforma se está "echando al traste" la intención de frenar la elusión y evasión fiscal de la que tanto han hablado los funcionarios de la administración Funes.

Cáceres tomó la reforma como un ataque a los empleados del ministerio de Hacienda, a quienes defendió. "Quisiera protestar a nombre de los nobles y fieles empleados del ministerio de Hacienda a quienes se les ha presumido como delincuentes en el sentido de que la justificación de los partidos de oposición para promover esta reforma parte del hecho de que se aumentará el crimen porque ellos darán información al crimen organizado", señaló el titular del ramo.

Para el pedecista Rodolfo Parker, quien promovió ayer revertir la exigencia de la declaración patrimonial, sería legítimo que Funes vete la reforma, pero insistió que la medida tiene a su base "la tranquilidad sobre todo a las personas que producen, al empresario y para beneficio y utilidades del pueblo en general".

Parker señaló que no hay intenciones de proteger a personas en particular, y además rechazó que la Asamblea Legislativa haya calificado a los empleados como "delincuentes".

Desde INDATA vemos que la decisión de la Asamblea legislativa de eliminar el requisito de la declaración patrimonial podría tener objetivos no muy claros, pero lo mas llamativo de las declaraciones de los empresarios es que reconocen que no hay un control sobre la información financiera que circula, pero esa falta de control no proviene desde el Ministerio de Hacienda, sino mas bien desde las entidades financieras, desde DICOM, desde Infornet, que en definitiva son empresas privadas que han generado un clima de incertidumbre frente al flujo indiscriminado de los datos personales, aprovechando la inexistencia de una ley de protección de datos, pero a la vez irrespetando la Constitución de la República que reconoce en su Art. 2 el derecho de todos los salvadoreños de controlar el flujo de sus datos personales para evitar el uso indiscriminado, lesionando así su autodeterminación informativa.

Desde iniciativas privadas se crea DICOM para recopilar y comercializar con datos personales sin que una ley lo avale; y desde manos privadas foráneas surge INFORNET, vendiendo cerca de 18 millones de datos personales de ciudadanos centroamericanos, actualmente demandada en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por INDATA, teniendo prohibido seguir vendiendo datos de salvadoreños mientras termina el proceso de amparo colectivo, para determinar si violan el derechos fundamentales a la privacidad e intimidad de los salvadoreños, pero al parecer no les importó y lo siguen haciendo.

No es que creamos que desde la instituciones públicas no se puedan vender datos confidenciales de los ciudadanos salvadoreños y extranjeros, pero la realidad es otra que señala a la empresa privada como voraz para obtener ganancias a costa de los datos personales, especialmente los bancos financieros, cajas de crédito, etc.

Lo importante es tener dentro del ordenamiento jurídico de El Salvador una ley de protección de datos, pero no manipulada por grupos de poder económico, sino consensuada con sectores sociales intelectuales y analizada frente a casos prácticos llevados a los tribunales de personas afectadas por el manejo arbitrario de sus datos. No significa que no se deba de tener un control limitado y por ley, de la información crediticia, pero al no existir una ley que lo regule, se llega al arbitrio ante la falta de temor de sanción legal por el abuso en el manejo de datos.

En conclusión, el peligro del manejo arbitrario de datos personales de los ciudadanos actualmente no viene de las instituciones públicas, sino de las empresas privadas como DICOM e INFORNET, de donde el crimen organizado y el no organizado, puede comprar datos para cometer ilícitos o simplemente espiar, basta con una tarjeta de crédito para comprar en Infornet la ficha o un contacto en DICOM o en un banco financiero para averiguar cosas.

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