sábado, 30 de junio de 2012

Corte Centroamericana de Justicia con software malicioso.


Resultado del diagnóstico de Google al sitio de la Corte Centroamericana de Justicia: 
¿Cuál es el estado actual de cendoc.ccj.org.ni?
El sitio aparece como sospechoso. Visitar este sitio web puede dañar su computadora.
En los últimos 90 días, se indicó 3 veces que parte de este sitio realizaba actividades sospechosas.
¿Qué ocurrió cuando Google visitó este sitio?
De las 3 páginas que probamos en el sitio durante los últimos 90 días, 2 páginas tuvieron como resultado la descarga e instalación de software malicioso sin el consentimiento del usuario. Google visitó el sitio por última vez el 2012-06-29. La última vez que se encontró contenido sospechoso en este sitio fue el 2012-06-29.El software malicioso incluye 7 scripting exploit(s), 3 trojan(s).
El software malicioso está alojado en 5 dominios, incluidos nikjju.com/nmmkmm.com/koklik.com/.
Este sitio se alojó en 1 redes, incluidas AS27742 (Amnet Telecomunicaciones).
¿Este sitio ha actuado como intermediario en la distribución de software malicioso?
En los últimos 90 días, cendoc.ccj.org.ni no pareció funcionar como intermediario para la infección de sitios.
¿Este sitio ha alojado software malicioso?
No, este sitio no ha alojado software malicioso en los últimos 90 días.
¿Cómo ocurrió esto?
En algunos casos, terceros pueden agregar un código malicioso a sitios legítimos, lo que podría ocasionar que mostrásemos el mensaje de advertencia.
Pasos siguientes:

miércoles, 20 de junio de 2012

Admiten demanda en contra de DICOM.


Sala Constitucional admite demanda contra DICOM por uso ilegal de datos personales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra la empresa DICOM, por el supuesto uso ilegal de datos personales.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó mediante un comunicado que admitió este miércoles, una demanda de inconstitucionalidad contra la empresa DICOM, por presuntamente utilizar de forma arbitraria e ilegal, información personal de miles de personas.
La demanda fue presentada por la Asociación Salvadoreña de Protección de Datos e Internet (INDATA) contra DICOM por el supuesto procesamiento arbitrario e ilegal de datos personales de miles de personas.

Una de las razones por la cual, explica el comunicado, la demanda fue admitida, es que DICOM estaría supuestamente obstaculizado el ejercicio del derecho "a la autodeterminación informativa" (derecho a decidir sobre el uso de datos personales) como manifestación del derecho a la seguridad jurídica, plasmado en el art. 2 de la Constitución".
En su demanda, INDATA plantea que “DICOM es una empresa que ha trabajado por años en el manejo de los datos crediticios de las personas hasta convertirse en un referente obligatorio en dicha área. Sin embargo, en los últimos años los datos que maneja incluyen información relativa a otras facetas más íntimas y elementales de la vida, tales como la salud y la educación. Esto representa un peligro si no se regula y se detiene la venta y uso no autorizado y arbitrario de esos datos”.
De acuerdo al comunicado de la Sala, DICOM tendrá que comprobar que la información que brinda está sometida a un proceso constitucional por la presunta vulneración del derecho a la autodeterminación informativa; es decir, que está obligada a informar a las empresas que compren la información privada de los salvadoreños, que la entidad está siendo sometida a un proceso de inconstitucionalidad.
La resolución fue admitida por unanimidad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En 2011 la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia de inconstitucionalidad contra la sociedad INFORNET sobre la protección del derecho de autodeterminación informativa y el derecho de la seguridad jurídica. Dicha sentencia ordenaba a la empresa en mención abstenerse de utilizar y transferir la información que constaba en su base, referida a los datos estrictamente personales, a menos que en cada caso se tuviese la autorización o consentimiento expreso de su titular.

fuente: LaPagina.com.sv

lunes, 26 de marzo de 2012

Tribunales contarán con registro informático de audiencias

322 Juzgados de Paz contarán con un sistema informático de registro de actas, grabación de audio y video de los jucios orales a partir del 1° de junio próximo, informó la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

viernes, 24 de febrero de 2012

INDATA demanda a DICOM EQUIFAX en CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


JAIME LÓPEZ SUCESOS@ELDIARIODEHOY.COMJueves, 23 de Febrero de 2012
Un recurso de inconstitucionalidad colectivo fue presentado ayer ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la empresa DICOM Equifax, por comercializar, aparentemente, información de carácter personal y sin la debida autorización.
Según el presidente de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (Indata), Boris Solórzano este recurso, ante la Sala de lo Constitucional, busca defender uno de los derechos fundamentales de miles de salvadoreños, quienes se encuentran con récord negativo (mora histórica) en las bases de datos de DICOM.
Solórzano pide a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ordene a DICOM eliminar de sus bases de datos, la mora histórica de los salvadoreños que no tienen deudas pendientes, a fin de dejar limpio su récord y sin ninguna referencia negativa.
La petición es porque estos listados son consultados por diversas entidades antes de conceder créditos o préstamos para verificar su condición de morosidad o atrasos en cuentas anteriores.
"Este historial negativo, a la cual acceden sus clientes (empresas) que pagan por ello, sirve para conocer millones de datos de ciudadanos que sin saberlo y sin su autorización, son tratados informáticamente de forma indiscriminada e ilegal y puestos en venta pública", afirmó Solórzano.
Indata cita por ejemplo el caso de una persona, que aunque haya saldado sus pagos atrasados con una empresa, su situación permanecerá en las nóminas de morosos.
"Esta es una empresa privada que sin ley habilitante, se ha vuelto un referente obligatorio para acceder al crédito desde hace más de 15 años", subrayó Solórzano.
A juicio del demandante esta situación violenta el derecho a la protección de datos, al no tener consentimiento del afectado, a comercializar o entrecruzar información con otras entidades o personas, sin conocer la forma en la que se recopilan, manejan o se transfieren a terceros sin el control necesario.
Una de las peticiones que se hace a los magistrados es que evite en el futuro que DICOM siga dando acceso universal a los datos que no son suyos u obtenidos sin el consentimiento del afectado.
También se busca que dicha entidad informe a cada persona vía fax o correo electrónico cuando hay información suya que lo afecta, y a su vez permitirle acceder a su ficha por Internet para luego solicitar su actualización, eliminación, cancelación o rectificación por cualquier información errónea, obsoleta en un plazo de 72 horas.
Además, piden a la Corte, que su funcionamiento sea regulado desde la jurisprudencia de la CSJ para garantizar la el derecho a la protección de datos y evitar que su labor, impida a los ciudadanos a ejercer derechos como educación, salud, vivienda, telefonía fija y móvil, Internet y créditos.
Sobre el tema fue consultada la empresa DICOM, a través de su área jurídica, la representante dijo no estar autorizada por la gerencia para referirse al tema.
Además, afirmó que no podían opinar sobre el tema porque aún no han sido notificados oficialmente.
La abogada manifestó que la empresa DICOM, con casi 15 años de existencia en el país, se rige por lo establecido en la Ley de Regulación sobre los Servicios de Información del Historial de Crédito de las Personas", reformada en octubre del año pasado.
A diferencia de lo que estima Solórzano de Indata, esta Ley designa a la Superintendencia General del Sistema Financiero (SSF) y la Defensoría del Consumidor para regular el funcionamiento de estas empresas.
Puntualizó que aparte de DICOM existen tres compañías más que almacenan y comercializan información de los salvadoreños.
Uno de los artículos de la referida Ley contiene que la SSF deberá dictar las técnicas para la organización, funcionamiento, control y determinar la permanencia de los historiales de crédito de las personas en las bases de datos de dichas organizaciones, pero advierte que los datos negativos no podrá exceder más de tres años.
El superintendente adjunto de Bancos de la SSF, William Durán afirmó que hasta antes de la promulgación de la referida Ley, el 25 de octubre de 2011, estos burós no estaban regulados, pero luego de su vigencia son supervisados y pueden compartir información crediticia de personas a terceros como bancos o casas comerciales, hasta por tres años. Lo que no pueden hacer es comercializar o vender sus bases de datos.