INDATA demanda a DICOM EQUIFAX en CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JAIME LÓPEZ SUCESOS@ELDIARIODEHOY.COMJueves, 23 de Febrero de 2012
Un recurso de inconstitucionalidad colectivo fue presentado ayer ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la empresa DICOM Equifax, por comercializar, aparentemente, información de carácter personal y sin la debida autorización.
Según el presidente de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (Indata), Boris Solórzano este recurso, ante la Sala de lo Constitucional, busca defender uno de los derechos fundamentales de miles de salvadoreños, quienes se encuentran con récord negativo (mora histórica) en las bases de datos de DICOM.
Solórzano pide a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ordene a DICOM eliminar de sus bases de datos, la mora histórica de los salvadoreños que no tienen deudas pendientes, a fin de dejar limpio su récord y sin ninguna referencia negativa.
La petición es porque estos listados son consultados por diversas entidades antes de conceder créditos o préstamos para verificar su condición de morosidad o atrasos en cuentas anteriores.
"Este historial negativo, a la cual acceden sus clientes (empresas) que pagan por ello, sirve para conocer millones de datos de ciudadanos que sin saberlo y sin su autorización, son tratados informáticamente de forma indiscriminada e ilegal y puestos en venta pública", afirmó Solórzano.
Indata cita por ejemplo el caso de una persona, que aunque haya saldado sus pagos atrasados con una empresa, su situación permanecerá en las nóminas de morosos.
"Esta es una empresa privada que sin ley habilitante, se ha vuelto un referente obligatorio para acceder al crédito desde hace más de 15 años", subrayó Solórzano.
A juicio del demandante esta situación violenta el derecho a la protección de datos, al no tener consentimiento del afectado, a comercializar o entrecruzar información con otras entidades o personas, sin conocer la forma en la que se recopilan, manejan o se transfieren a terceros sin el control necesario.
Una de las peticiones que se hace a los magistrados es que evite en el futuro que DICOM siga dando acceso universal a los datos que no son suyos u obtenidos sin el consentimiento del afectado.
También se busca que dicha entidad informe a cada persona vía fax o correo electrónico cuando hay información suya que lo afecta, y a su vez permitirle acceder a su ficha por Internet para luego solicitar su actualización, eliminación, cancelación o rectificación por cualquier información errónea, obsoleta en un plazo de 72 horas.
Además, piden a la Corte, que su funcionamiento sea regulado desde la jurisprudencia de la CSJ para garantizar la el derecho a la protección de datos y evitar que su labor, impida a los ciudadanos a ejercer derechos como educación, salud, vivienda, telefonía fija y móvil, Internet y créditos.
Sobre el tema fue consultada la empresa DICOM, a través de su área jurídica, la representante dijo no estar autorizada por la gerencia para referirse al tema.
Además, afirmó que no podían opinar sobre el tema porque aún no han sido notificados oficialmente.
La abogada manifestó que la empresa DICOM, con casi 15 años de existencia en el país, se rige por lo establecido en la Ley de Regulación sobre los Servicios de Información del Historial de Crédito de las Personas", reformada en octubre del año pasado.
A diferencia de lo que estima Solórzano de Indata, esta Ley designa a la Superintendencia General del Sistema Financiero (SSF) y la Defensoría del Consumidor para regular el funcionamiento de estas empresas.
Puntualizó que aparte de DICOM existen tres compañías más que almacenan y comercializan información de los salvadoreños.
Uno de los artículos de la referida Ley contiene que la SSF deberá dictar las técnicas para la organización, funcionamiento, control y determinar la permanencia de los historiales de crédito de las personas en las bases de datos de dichas organizaciones, pero advierte que los datos negativos no podrá exceder más de tres años.
El superintendente adjunto de Bancos de la SSF, William Durán afirmó que hasta antes de la promulgación de la referida Ley, el 25 de octubre de 2011, estos burós no estaban regulados, pero luego de su vigencia son supervisados y pueden compartir información crediticia de personas a terceros como bancos o casas comerciales, hasta por tres años. Lo que no pueden hacer es comercializar o vender sus bases de datos.
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