Hackers contra instituciones gubernamentales.

El periódico El Universal de México publicó que el sitio oficial del Congreso Mexicano había sido hackeado con una foto de la chilindrina y mensajes sobre la situación política en Argentina, Chile y México. Sobre México aparecía este mensaje “Calderón deja mx en paz y deja de explotar a la gente.” “No privatizen (sic) Pemex !!!”. Al final del mensaje se podía encontrar los correos de contacto de los perpetradores.

Este evento nos recuerda la vez que hackearon el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y que publicamos en este espacio, ocurrida el día 2 de julio de 2007.

Esa nueva forma de protestar similar a las manifestaciones públicas que normalmente cierran calles y dañan propiedad estatal y privada, va en contra de la reunión pacífica con fines lícitos que establece Constitución.

Pero cuando esas protestas dejan de hacerse a la vista de todos, se trasladan a Internet, donde lo público se convierte en oculto, llegando a lo que se llama ciber-activismo, que se define como el "conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación, basadas fundamentalmente en Internet y telefonía móvil, asociadas a la acción colectiva o desobediencia civil, bien en el espacio virtual, bien en el plano real".

Ahora, ese tipo de llamados sociales online pueden sobrepasar los límites de lo legal y legítimo, llegando a configurarse el hacktivismo, que es la utilización no-violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo fines políticos, a través de desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo de información, parodias, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales, etc, como el caso que nos ocupa en esta ocasión y que puede llegar a ser guerra o terrorismo cibernético.

Sabemos que el sitio Web del máximo tribunal fue hackeado, pero no si tomaron medidas legales para dar con los responsables, y creemos que no, por la sencilla razón de no saber cómo hacerlo, al no existir en el país herramientas legales que persigan y castiguen esas acciones llevadas a cabo mediante la informática. Y es que hay una norma de carácter constitucional que tampoco lo permitiría, el artículo 8 de la Constitución aclara que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Eso nos hace concluir que las autoridades de la Corte no pudieron hacer nada cuando Indata les comunicó el hackeo de su página. Pero la duda obligada es: ¿Qué institución pública será la siguiente víctima del hacktivismo?, no sabemos, pero de seguro llegará el día y la hora en que el sitio Web de la Asamblea Legislativa amanezca hackeada, por ser la entidad estatal política por excelencia.

¿Qué debemos hacer entonces?, en Indata hemos planteado ya la necesidad de regular los delitos informáticos en materia penal y mejor aún, crear una ley especial para ese tipo de conductas no reguladas a la fecha y desde luego, que la informática forense sea una rama más de investigación. ¿Cómo se podrá determinar que una reunión con fines indebidos en el espacio cibernético constituye delito?, ¿Podrá la Fiscalía solicitar a un juez la autorización para rastrear la dirección IP de la computadora atacante?, ¿Cómo se determina la responsabilidad de publicaciones difamantes o injuriosas en los famosos Blogs?, por ahora no se puede resolver legalmente nada de lo planteado, la impunidad es la mejor aliada en la Red de redes.

Vale aclarar que los hackers se convierten en crackers cuando rompen con fines ilícitos los sistemas atacados, por eso la actividad de estos últimos siempre es dañina e ilegal. Todo cracker es un hacker, pero no todo hacker será un cracker.

Por Lic. Boris Solórzano, Presidente de INDATA.
indatasv.blogspot.com